ESTADO VEGETATIVO
Hace tiempo que España dejó de ser un país gobernable. Las
ministras de Vivienda
y de Sanidad reconocen abiertamente que no
pueden tomar medidas enérgicas en sus
respectivos ámbitos de actuación
porque las competencias fundamentales para
acometer sus reformas están en
manos de las autonomías, y éstas se hallan en
manos del PP o de los
egosocialistas locales. En materia de educación tampoco se
puede hacer nada: hace ya años
que el Estado dejó abandonados a los ciudadanos
catalanes que deseaban que sus
hijos estudiasen en castellano. La polémica sobre
la enseñanza de la religión es sólo una
cortina de humo más para escenificar el
enfrentamiento entre izquierda y
derecha, después de haber claudicado
miserablemente en algo tan fundamental
como es la libertad de elección de una de
las lenguas cooficiales como lengua de
enseñanza. Mientras, diversos informes
muestran que el dominio del
inglés por parte de los escolares españoles es
irrisorio. Eso sí, chapurrean las
lenguas locales lo suficiente para que
interfieran en su dominio de ese
idioma colonialista llamada español, con
consecuencias negativas generales para
la capacidad de aprendizaje, como
demuestra el informe PISA. ¿De qué diablos nos sirve a algunos votar socialista
si luego el Gobierno está atado de pies y
manos y tiene que supeditar sus planes
a las exigencias de los caciques locales?
Al mismo tiempo, las chapuzas urbanísticas se suceden. Las
comisiones cobradas
en el caso "túnel del Carmelo"
probablemente no eran nada en comparación con la
suma total de dinero que, en detrimento de
necesidades sociales, se desvió de
alguna manera (al fin y al
cabo, los presupuestos son vasos comunicantes) hacia
el fastuoso Fórum 2004 o hacia actividades
de promoción del catalán. ¿Conoce
alguno de nuestros inteligentes
gobernantes lo que hay detrás del concepto de
coste de oportunidad?
Probablemente no, porque, aunque sean economistas, les
falta lo más importante para
entenderlo: sentido común, y un mínimo de honradez,
un mínimo de sentido de servicio a la
población, no a patrañas patrioteras o a
operaciones de autopropaganda.
Autopropaganda, sí, porque esos costes para los
ciudadanos son para ellos sólo la
contrapartida a largo plazo de las ganancias
que en términos electorales les reportarán a
corto plazo el logro de unos juegos
olímpicos, la construcción de
edificios faraónicos que deslumbrarán a la
población o, más en general, la
imagen de dinamismo y creación de riqueza que
transmiten la proliferación de
grúas y excavadoras por el paisaje urbano o la
subvención de la invasión de las
calles por esas máquinas hipercontaminantes y
asesinas llamadas todoterrenos.
Pero el estado vegetativo del Estado español no es sólo el resultado
del legado
de 20 años de cesiones continuas del
Gobierno central, de izquierdas o de
derechas. Es también la
consecuencia del temor patológico del actual Gobierno
socialista a tomar decisiones
difíciles. Lo que se hace entonces es delegar las
decisiones en otros, por ejemplo en
conferencias de presidentes autonómicos o en
comités de sabios. El caso del
comité encargado de reformar el funcionamiento de
TVE es clamoroso, entre otras cosas por la indefinición de su
dictamen respecto
a una alternativa tan digna de estudio como
es la imposición de un canon. Hasta
un Gobierno tan poco sabio como el
tripartito catalán se ha atrevido a plantear
seriamente esa opción. Nuestros
dirigentes temían tomar la decisión de implantar
ese sistema, y pensaron que la medicina podía
pasar mejor si era avalada por los
sabios, pero resulta que éstos
prefirieron asimismo no mojarse, ignorando lo que
ya se hace en la mayor parte de Europa. ¿Y a
esto lo llaman gobernar? Ah,
entonces yo también sé hacerlo.
Otro ejemplo más reciente: ante el sistema de financiación de las
autonomías que
la clase política catalana quiere imponernos
con el nuevo Estatut, Zapatero
replica que ese sistema debemos
establecerlo entre todos los españoles. ¿Cómo
que todos los españoles? Eso debe decidirlo
el Gobierno central, que para eso
gobierna. La ingenuidad de
pretender que 17 autonomías se pongan de acuerdo en
torno a un tema tan delicado
equivale a garantizar que el problema seguirá sin
resolver cuando acabe esta
legislatura. Parece que Zapatero confía en consensuar
un mecanismo de financiación en la próxima
Conferencia de Presidentes de las
autonomías. Es fácil adivinar lo
que ocurrirá en esa reunión en el mejor de los
casos: se dará con una fórmula
ambigua para poder hacerse la foto, y se
endilgará la tarea imposible de
concretar la propuesta al Consejo de Política
Fiscal y Financiera, en el que aflorarán de nuevo las
discrepancias,
probablemente acentuadas como
consecuencia del efecto de rebote provocado por
aquella dosis adicional de ese
alucinógeno llamado dialoguina.
Los embotellamientos del pasado puente del 1 de mayo son una
oportuna analogía
de la parálisis de la sociedad en que se
traduce la parálisis del Estado. El
subdirector de la Dirección General
de Tráfico nos ha recordado que hace diez
años, cuando se intentó introducir en España
una radio especializada en ofrecer
información sobre el tráfico, el
proyecto fracasó porque las autonomías no se
pusieron de acuerdo respecto a la
frecuencia que debía usar la nueva emisora.
La inepcia del actual Gobierno ante el problema de la vivienda
también pasará a
la historia. Las medidas adoptadas son puro
simulacro, puro buscar las llaves
bajo la farola no porque se hayan caído allí
sino porque es el único lugar de la
calle donde hay luz. ¿En qué cabeza cabe que subvencionando tanto a los
propietarios como a los inquilinos se
conseguirá bajar el precio de los
alquileres? Pues bien, parece que
tamaño dislate cabe en la cabeza de Solbes y
de Trujillo. ¿Y lo
de no tocar las deducciones, aduciendo que la vivienda es un
derecho básico? Si hasta el
tripartito catalán ha reconocido que esas
deducciones se trasladan
automáticamente a los precios, y por tanto no sirven de
nada. Un estudio demuestra en concreto que el
encarecimiento por ese motivo es
del 8,3%. Y lo deducido (unos 3000 millones
de euros) se lo embolsan en último
término las constructoras y los
propietarios del suelo. Casualmente, las
deducciones equivalen al 8% de lo
que ingresa Hacienda en concepto de IRPF.
¿Y qué me dicen de la obligación de los
inquilinos de identificar a los
propietarios en su declaración de la
renta? Puede que así Hacienda consiga
recaudar más impuestos, pero lo
que es indudable es que los propietarios
trasladarán lo que paguen como
impuestos a los alquileres y estos subirán aún
más. Además, muchos optarán por dejar de
arrendar, lo que reducirá aún más la
oferta y agravará el
encarecimiento de los alquileres. Fantástico.
La propuesta de una Sociedad Pública del Alquiler tampoco tiene
desperdicio. Hay
en España más de 3 millones de pisos vacíos,
a lo que habría que añadir unos 3
millones de residencias
secundarias. En lugar de forzar la salida al mercado de
venta y alquiler de buena
parte de esas viviendas combinando la eliminación de
las deducciones con la aceleración de los
juicios de expulsión de inquilinos
morosos, se crea una sociedad
que aspira a intermediar a lo largo de los
próximos años en el alquiler de
unos 25 000 pisos. Considerando que hoy día hay
1 600 000 pisos en alquiler, Trujillo puede estar tranquila: nadie
va a acusarle
de ambiciosa. Lo peor es que probablemente
ni siquiera se alcanzará ese
porcentaje irrisorio del 1,5% de
los pisos alquilados[1],
porque entregárselo a la
sociedad constituida equivaldrá
con casi total seguridad -seamos realistas- a
entregárselo a inmigrantes y, por
consiguiente, a ver devaluarse el precio del
conjunto de los pisos del
inmueble, para gran satisfacción de todos los vecinos.
Las aseguradoras no han tardado en sugerir eso mismo, con sumo
cuidado para no
ser acusadas de racistas, y las numerosas
reservas que han planteado ponen de
relieve que el proyecto del
Gobierno parece concebido por un grupo de amateurs
sin contacto alguno con la realidad; sobre
todo, sin contacto alguno con las
leyes más básicas de la oferta
y la demanda.
Estamos acostumbrados a que los socialistas descubran
desconcertados al llegar
al poder que si aumentan demasiado los
impuestos el capital huirá al extranjero.
Perdonémosles esa falta de previsión. Ahora bien, el gasto social
en España está
6 puntos por debajo de la media europea, y otro dato importante,
aparentemente
ignorado por nuestros
socialistas, es que, si bien el dinero puede largarse a
paraísos fiscales, una casa -que
yo sepa- no puede salir volando. ¿Por qué,
entonces, esa resistencia a
gravar en serio las residencias no habituales?
Por último, lanzar como globo sonda la idea de los pisos de 30
metros cuadrados
demuestra que se ha renunciado
definitivamente a hacer nada que permita sacar al
mercado esa enorme masa de pisos
vacíos. ¿Resignación o miopía? En cualquier
caso, aceptación de un mecanismo miserable
para mantener a todo precio en
funcionamiento la máquina económica. Y
es que lo que en definitiva se está
haciendo es desaprovechar riqueza
acumulada en el pasado para garantizar que los
jóvenes se hipotequen y se
endeuden a costa de su consumo futuro. Se desprecia
el trabajo de construcción de los últimos
años y se hipoteca el futuro para
gloria de los consumidores del
presente, o sea, para gloria de los gobernantes
del momento. Es llamativo que en política
ocurra todo lo contrario: se vive del
pasado y se renuncia a encarar
con valentía el futuro. Esa peculiar combinación
de desarrollismo cortoplacista y falta de
agallas constituye una bomba de
relojería que podría muy bien
estallarnos dentro de pocos años a todos los
españoles en forma de recesión y
crisis política.
No hace mucho Alemania intentó reformar el funcionamiento de sus
dos cámaras,
porque la exigencia de consenso
entre los Estados para adaptar muchas
iniciativas del Gobierno Federal
suponía que se aprobaba sólo una mínima parte
de los proyectos de ley. Pero fue imposible,
porque también allí se superó hace
tiempo el umbral de la
ingobernabilidad. Los Estados han acumulado tanto poder
que pueden abortar sin problemas cualquier
intento de racionalizar y agilizar la
acción de gobierno.
Curiosamente, en Alemania también hubo hace poco una
polémica sobre los lamentables
resultados obtenidos por los escolares alemanes.
Otro ejemplo de parálisis es nuestra flamante Europa a 25. El
margen adicional
de gobernabilidad que pueda ganarse con la
Constitución Europea es un chiste en
comparación con la capacidad de
maniobra perdida al pasar -sin consultar a los
ciudadanos- de 15 a 25 países, no
digamos ya si en 2020 ingresan 100 millones de
turcos. En realidad, las
cesiones que han hecho los diversos países para
consensuar el tratado son la
penitencia pública que se han visto obligados a
escenificar (sí, siempre teatro y
más teatro) para expiar el gran pecado de
megalomanía de nuestros dirigentes
europeos. Con el Protocolo de Kyoto ocurre
algo parecido: los científicos ya han
advertido que, aunque se aplique
rigurosamente, el ritmo de
calentamiento durante los próximos 50 años será casi
idéntico, pero esos efectos
ilusorios en los que se hace creer a la opinión
pública la narcotizan para que
siga ensuciando la atmósfera con todo tipo de
gases de efecto invernadero.
Ya no es posible controlar nada. Nada de nada.
Ha surgido así, mediante una serie de mutaciones que nadie había
podido prever y
con la grave complicidad de la izquierda, una
versión mucho más virulenta de
aquel laissez-faire tan
vilipendiado por ésta. Un laissez-faire que, a
diferencia del anterior, tiene
todos los visos de ser irreversible y de empeorar
las condiciones de vida de todos los
ciudadanos. Los privilegios se
territorializan y, de ese modo, escapan
a la influencia de un poder central
raquítico.
Los problemas que acosan a las sociedades contemporáneas son cada
vez más
complejos, pero nuestros
dirigentes son cada vez más cobardes. Esa combinación
de factores destroza cualquier esperanza de
disfrutar de un futuro mejor que el
presente. De ahora en adelante
todo serán parches, la mayoría improvisados y
sólo simbólicamente eficaces. Los gobernantes
seguirán sin hacer los deberes
pero implorándonos que cumplamos nosotros con
el deber de votar y, sobre todo,
con nuestros deberes económicos: en épocas de
bonanza nos reñirán por calentar
demasiado la economía, y cuando
lleguen fases de depresión nos reñirán por no
consumir lo suficiente, por haber
adoptado ese comportamiento avaricioso de los
japoneses y los alemanes, que sólo
piensan en ahorrar porque les va a quedar una
porquería de pensión y ven el
futuro muy, pero que muy negro.
ps:
(Véase, como ejemplo de
las ineficiencias que se derivan de la proliferación de autonomías, el artículo
“El sistema sanitario, ante la próxima conferencia autonómica” (El País,
18-julio-05), del que cabe destacar los párrafos “Se oculta a la opinión
pública el rechazo de atención de pacientes de unas comunidades autónomas por
otras. Al mismo tiempo cada comunidad amplía su cartera de servicios sin tener
en cuentala existencia de una ‘dimensión mínima (poblacional) eficiente’ para
los servicios más complejos”; “En sectores [como el de la] política
farmacéutica, el diseño estructural del sistema impide economías de escala en
un sector responsable de una proporción desmesurada del gasto público
sanitario.”