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INMIGRACIÓN Y DERECHO A DECIDIR

(Una modesta proposición)

 

 

 

   Entre los numerosos intelectuales que opinan que el ya tan manoseado "derecho  a decidir" es algo que solo se le debe reconocer a todo el pueblo español, no solo a una parte, llama la atención que a ninguno se le haya ocurrido establecer lo que podríamos denominar una analogía inversa con el problema de la inmigración.

 

   Todos sabemos que en una Cataluña independiente cualquier provincia o ciudad que eventualmente expresara su deseo de reintegrarse en España alegando una  mayoría de votos en su territorio habría perdido su derecho a decidir y, si las cosas se pusieran feas, a juzgar por lo que estamos viendo ya, sería objeto de múltiples represalias, desde multas por cualquier desafío lingüístico, pasando por maniobras de espionaje, hasta formas de represión física. Parece que ese derecho corresponde a entidades territoriales que tienen exactamente la forma de Cataluña o el País Vasco (por cierto, ¿se acuerdan de aquel estúpido "Ser para decidir"?). Curioso, y no solo eso: ejercido ya una vez, ese derecho se pierde definitivamente. Extraño derecho, digo yo.

 

   Ahora bien, si, por lo antedicho, por las muchísimas razones ya esgrimidas por otros y por lo que dice la Constitución, es lógico atribuir al conjunto de todos los españoles un derecho que se atribuyen en exclusiva los descerebrados que aplauden a esa pareja grotesca constituida por el estrábico y el mandibulón, ¿no deberíamos acaso considerar que es también el conjunto de los españoles quienes deberían decidir si aceptamos o no que sigan llegando más inmigrantes a este país? Si nos arrogamos el derecho a negar a siete millones de personas que se separen de España, ¿no deberíamos tener también el derecho de devolver a sus países a un centenar de subsaharianos llegados en una patera?

 

   ¿Qué diferencia conceptual insalvable hay entre decidir que unos no se saldrán de España y decidir que otros no entrarán en ella, o deberían abandonarla lo antes posible porque aquí ya no tienen nada que hacer, salvo quitarnos a los españoles prestaciones sociales? Sobre todo, teniendo en cuenta que en el primer caso estamos hablando de siete millones de personas, y en el segundo de un lento goteo que, por eso, por lento, debería ser bastante más manejable. Nadie está obligado a encaramarse por una valla llena a rebosar de cuchillas disuasorias. En ningún convenio internacional se afirma que la automutilación otorgue derecho alguno. Y lo mismo podríamos decir sobre el peligro de ahogamiento.

 

   Me gustaría conocer la réplica a estos razonamientos por parte de todos esos pensadores (léase Javier Marías, Fernando Savater, Javier Cercas, Félix Ovejero y tantos otros) que tanto han hablado sobre el derecho a decidir pero nunca han abierto la boca para pronunciarse sobre el fenómeno de la inmigración. Se diría que el tema de los nacionalismos está actuando en nuestro país como gran cortina de humo para evitar que se aborde un problema que en el resto de Europa está siendo objeto de valientes debates.

 

   En cualquier caso, visto el comportamiento buenista adoptado por España ante los inmigrantes y sus distintas formas de chantaje, propongo que los catalanufos cambien de táctica y empiecen a organizar huelgas de hambre indefinidas, tragarse muelles y tornillos para que les lleven a urgencias, comerse senyeras enteras con idéntico fin, ensayar formas colectivas de estrangulamiento con la bandera española, tenderse sobre las vías del AVE a su entrada en territorio catalán, etc. Imaginación no les faltará (para esto). Así las cosas, no tardarían ni un mes en obtener su añorada independencia. 

 

 

7/12/2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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